“Se ha restituido la legalidad” con el derribo de la casa de Vera, según el delegado de Obras Públicas

TELEPRENSA.- “La Consejería de Obras Públicas y el Gobierno andaluz respetan y acatan la decisión del juez, hay una sentencia firme, con la que se ha restituido la legalidad vigente, el estado de derecho funciona”, dice Luis Caparrós, delegado de Obras Públicas”. Según éste, la vivienda estaba construida en suelo que, la Junta, entendía no era urbanizable en el 2000, cuando se construyó la casa.

Caparrós afirma que “el Ayuntamiento ha tenido tiempo suficiente, recurrimos la licencia y les requerimos para que la revisaran, no lo han querido hacer y han seguido adelante, y entonces ha pasado lo que todos ya conocemos, no es una situación agradable, pero lo importante es que el estado de derecho se mantiene y se resituye la legalidad”.

La Junta de Andalucía ha iniciado la ejecución de una sentencia judicial que obliga al derribo de 17 viviendas ilegales construidas por jubilados ingleses, en su mayoría, en zonas rurales y fuera de todo orden urbanístico. La primera en caer bajo los ataques de una pala mecánica ha sido una villa edificada sobre una parcela de 10.000 metros cuadrados en el paraje de Loma de Vera. Es precisamente en Vera donde se procederá al derribo de otras cinco edificaciones de similares características y once más en el municipio de Albox.

Este no es el único proceso judicial abierto por los casos de viviendas ilegales que, si bien existen en distintas zonas rurales de la provincia, se concentran especialmente en el Valle del Almanzora, donde su número se cuenta por miles según las estimaciones barajadas hasta ahora. La mayor parte de ellas son grandes fincas parceladas en unidades de 1.000 a 3.000 metros cuyo único permiso de edificación suele ser el de almacén para aperos agrícolas y pequeñas construcciones por el estilo.

Esta misma situación se ha dado en otras zonas de especial protección en la parte almeriense de Sierra Nevada, donde se han llegado descubrir viviendas de construcción presuntamente ilegal y promovidas por concejales del Ayuntamiento de Almería aún en ejercicio.